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Borrell eleva sospechas sobre posibles conspiraciones post-21N
La semana pasada se cumplieron tres años de la fallida operación para asesinar al presidente Nicolás Maduro y al directorio político-militar con drones explosivos, un hecho inédito en la historia venezolana e incluso regional y global. Algunos de los autores intelectuales, como Julio Borges, residen en Colombia bajo protección del gobierno uribista e incluso forman parte del "proyecto Guaidó".
En 2018, el antichavismo extremista se encontraba en un limbo político luego de que echaran todas las cartas del golpe sobre la mesa, con un 2017 congestionado por una revolución de color fallida que desembocó en una mayor polarización dentro de la dirigencia y la base opositoras, debido a los esfuerzos de un sector antigubernamental que decidió participar en las elecciones presidenciales que reeligieron a Maduro para un segundo mandato.
Parece poco tiempo, pero en términos políticos, el contraste entre uno y otro momento de la oposición (oposiciones, a estas alturas), al menos en apariencia, es abismal.
Mientras seguía la búsqueda por varios medios tanto del magnicidio presidencial como la sedición militar y la delegación de una confrontación armada vía grupos paramilitarizados y mercenarios, el financiamiento y ejecución de los planes golpistas no cesaba y respondía a una lógica maximalista de los dirigentes con disposición abierta para el terrorismo y la antipolítica.
Ello fue minado por el propio peso de los acontecimientos, con la mayoría de los factores beligerantes fuera de Venezuela, el comienzo de la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional y la caída del "proyecto Guaidó", cuestionado incluso por sus miembros más consagrados como el propio Borges.
Sin duda, los distintos ánimos y expectativas en torno a la mesa de diálogo instalada en México y las venideras megaelecciones en noviembre son un termómetro que evidencia el cambio experimentado por el antichavismo terrorista frente al Gobierno Bolivariano y al país en general.
Teniendo en cuenta que la anunciada misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) para el 21N forma parte de los acuerdos a los que han llegado las oposiciones con el chavismo gubernamental, es importante que los hechos y decires en torno a la situación venezolana sean lo menos perturbadores posibles.
El máximo diplomático europeo Josep Borrell parece que no atiende a los tiempos políticos, en concordancia con el giro conductual del sector extremista opositor, con los comentarios emitidos hace pocos días sobre la parcialidad de la misión de observación electoral de la UE y el pretendido arbitraje con aires coloniales.
Las declaraciones de Borrell asimismo contrastan con el momento de las oposiciones y del objetivo de dicha misión electoral, que se resume en “observar el acto electoral, haremos la presentación de un reporte y con indicaciones de forma”: así lo dijo en una entrevista Isabel Santos, diputada en el Parlamento Europeo y jefa de la delegación que vendrá a Venezuela en noviembre.
¿Acaso lo expresado por Borrell fue una torpeza política-diplomática o una declaración de principios velada como "misión de observación electoral"? ¿O fue un mandado transatlántico? ¿Se retractará oficialmente, como lo pidió la Cancillería venezolana a través de un comunicado? ¿Tal vez el informe de la UE post-elecciones intentará emular lo que hizo la OEA en Bolivia en 2019, abriendo la grieta para un escenario golpista?
Son preguntas que no podemos dejar de hacernos, sobre todo teniendo en cuenta el prontuario antichavista durante los últimos años, trazado por las conspiraciones antiestatales.
11/10/2021
• @misionverdad •
