2022-03-23 22:07:01
El Gobierno de España deporta a personas racializadas en situación administrativa irregular mientras acoge a las que vienen de la guerra en Ucrania.La Asamblea de Apoyo a las Migrantes denuncia que se están produciendo detenciones en comisaría de chicos senegaleses que se disponían a hacer algún trámite, también detenciones por perfil racial en lugares públicos y que en otros casos son las personas llegadas por mar en patera que, tras su filiación por parte de la policía, son conducidas directamente al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Barranco Seco. La información que posee la asamblea es que todas estas detenciones se producen por parte de la policía con la intención de deportar a las personas retenidas.
Esta semana empiezan los vuelos de deportación de la Royal Air Marocc con destino al Sahara Occidental ocupado por Marruecos y se anuncia otro vuelo con destino a Senegal en los próximos días, que se suma al de principio de mes con destino a República Dominicana y Colombia. Es difícil saber si se están produciendo otras deportaciones y expulsiones por vía marítima o en vuelos de las compañías Aireuropa o Swiftair, pero el diario El País publicó en febrero que el Gobierno del estado español estaba negociando con Marruecos la deportación de 23.000 inmigrantes irregulares desde Canarias con destino al Sahara ocupado, un nuevo desprecio al pueblo saharaui cuando el gobierno español de Pedro Sánchez le acaba de dar la espalda.
Los titulares en los periódicos y las noticias en la televisión hablan de las personas procedentes de Ucrania que son acogidas por el estado español, mientras por la puerta de atrás, con total opacidad e impunidad, se expulsa a las personas racializadas que estaban residiendo aquí en situación administrativa irregular, algunas viviendo desde hace años entre nosotras. La acogida de las personas huidas de la guerra en Ucrania es tan necesaria como dar refugio a las que huyen de las otras guerras y conflictos, el racismo que muestran las instituciones españolas con estas medidas discriminatorias es sólo la punta del iceberg del racismo que impregna las sociedades occidentales y que ha puesto en evidencia la guerra en Ucrania.
El estado español entre 2010 y 2019 expulsó a 223.000 migrantes en situación irregular, y se sabe que el coste de esas deportaciones, solo entre 2014 y 2020 fue de 130 millones de euros, la mayoría financiados con fondos europeos, un buen negocio para las empresas implicadas. En el estado español se calcula que viven unas 500 mil personas en esta situación, muchas de ellas trabajando en régimen de semiesclavitud como nos muestran las imágenes y denuncias que nos llegan de las personas empleadas en el campo viviendo en condiciones peores que en los campamentos de la vergüenza.
El clima creado por las citas falsas y detenciones en comisaría, las redadas por perfil racial, la estancia en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), en las comisarías, a la espera de expulsión, los vuelos de deportación… generan una situación de vigilia constante y ansiedad, no sólo en las personas retenidas, sino en toda la comunidad migrante que tiene miedo de ser expulsada, de ver truncado su proyecto vital, de verse obligada a regresar a su tierra sin nada, algo que para la mayoría no es una opción.
Desde la Asamblea de Apoyo a las Migrantes de Tenerife, exigimos que se paren las deportaciones y que se regularice la situación de todas las personas que residen en el estado español, que se dignifiquen sus condiciones de acogida y que cesen las políticas racistas e hipócritas que no representan a un pueblo que acoge sin importar el color de la piel.
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