Nota de Prensa de Ecologistas en Acción por el día Internacion | [Canal] Asoc. Bona Ona

Nota de Prensa de Ecologistas en Acción por el día Internacional contra la contaminación electromagnética.
Día internacional contra la contaminación electromagnética:
Desprotección ciudadana ante la Ley General de Telecomunicaciones

• Ecologistas en Acción y más de 50 organizaciones de personas afectadas por enfermedades crónicas ambientales y/o de afectación al sistema nervioso central e inmunológico, junto asociaciones vecinales y de consumidores, denuncian la “barra libre” a las teleoperadoras para el despliegue del 5G y su Internet de las cosas.

• Las entidades señalan que la nueva Ley General de Telecomunicaciones vulnera derechos ambientales, de salud y privacidad consagrados en la Constitución, incluidas determinadas competencias autonómicas y municipales de participación ciudadana y de transparencia.

• Las organizaciones recogerán firmas en diferentes localidades del Estado a favor de la Iniciativa Ciudadana Europea “STOP 5G”, que cuestiona el proceso de aceleración de la digitalización inalámbrica, ligada al 5G y el Internet de las cosas.

La Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ), Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), Ecologistas en Acción, federaciones de asociaciones vecinales y asociaciones de consumidores, entre otras, se suman a las reivindicaciones del 24 de junio, Día internacional contra la contaminación electromagnética.

Los objetivos de la campaña de este año son: la denuncia de la Ley General de Telecomunicaciones aprobada el 9 de junio; el apoyo a mociones municipales aprobadas por la moratoria del 5G, como la de Hoyos (Cáceres) el pasado 1 de junio; y la recogida de firmas en diferentes localidades del Estado a favor de la Iniciativa Ciudadana Europea “STOP 5G”.

Para las organizaciones sociales y ambientales, la Ley General de Telecomunicaciones no atiende a las centenares de alegaciones proteccionistas presentadas:

— Ignora el principio de precaución y la evaluación ambiental. El Defensor del Pueblo, en su dictamen sobre el despliegue del 5G (2019), reprobó que no se aplicara la normativa de evaluación ambiental vigente ni las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tomando “todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos”.
El estudio del Comité de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento Europeo también cuestiona los límites de exposición a radiofrecuencias en los que se basa esta ley. Asimismo, solicita abiertamente a europarlamentarias y europarlamentarios establecer una moratoria del despliegue del 5G y reducir la exposición a las radiofrecuencias.

— Ignora y no evalúa el aumento progresivo del consumo energético de las redes, especialmente del 5G, de su huella de carbono y la afectación climática. Así lo alertan el Alto Consejo por el Clima (HCC) de Francia (2020) o la Guía de la ‘Comisión Iberoamericana de Protección Radiológica de Campos Electromagnéticos’ (CIPRACEM) (2021), que remarca “el fuerte impacto de las comunicaciones inalámbricas en el cambio climático” (ver apéndice 2) y aconseja a las autoridades apostar por internet por cable con redes de fibra óptica, “muy superiores a las inalámbricas en velocidad, seguridad y costo”, para evitar un daño que se está produciendo “al planeta y a la gente sin obtener beneficios a cambio”.

— Incumple los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente, regulados en la Ley 27/2006, de 18 de julio, y en el Convenio de Aarhus. La nueva ley liberaliza y desregula las telecomunicaciones, ya que impide exigir una autorización previa. También fomenta la opacidad al calificar de “confidencial” el contenido de los proyectos. E impide conocer dónde se va a colocar una antena 5G o “un punto de acceso inalámbrico para pequeñas áreas”.

— No atiende al principio de transparencia ni a los conflictos de interés contemplados en la Ley General de Salud